Noviembre 2015
UN NUEVO ORDENAMIENTO JURÍDICO
Estamos en un contexto jurídico complejo, unos tiempos en los que tenemos que adecuar nuestra práctica a un modo de relacionarnos con instituciones y administraciones constantemente cambiante y que nos exige estar, en la medida de lo posible, actualizados.
Y es que este fin de año 2015 está siendo especialmente prolijo en cuanto a novedades legislativas, producción de textos refundidos, y operaciones de cirugía normativa constante. Esas modificaciones puntuales y de precisión de determinados textos son los que, bajo mi punto de vista, plantean los mayores retos. No es extraño que, en los últimos tiempos, no tengamos conocimiento de una determinada modificación de un concreto precepto hasta que acudimos a una versión consolidada de la Ley o Decreto que debemos aplicar.
Ello dificulta a los asesores jurídicos poder dar opiniones certeras y previas al estudio en profundidad de todas y cada una de las cuestiones que nos plantean nuestros clientes.
Se hace preciso, en todo caso, que antes de emitir opinión, incluso verbal, acudamos a los textos normativos, revisemos las bases de datos a las que estamos suscritos, y acudamos a cada una de las normas modificativas y a las disposiciones adicionales, y especialmente, transitorias de cada una de dichas normas, para entender a qué concreta disposición afecta la modificación, cuando entra en vigor la misma y en relación a qué específicas relaciones jurídicas o actuaciones –en función de cuándo éstas tuvieron lugar- podemos aplicar la concreta norma. Debemos ser capaces de hacernos las preguntas adecuadas sobre las dudas que plantea la aplicación de cada precepto, y buscar artículos y comentarios que nos permitan formar un opinión adecuada.
Buen ejemplo de la complejidad a la que me refería es la constante modificación del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y del Reglamento de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Se han publicado este año hasta cinco modificaciones de dicho Texto Refundido. Si a ello añadimos la modificación operada en el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas por el Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, lo cierto es que, en ocasiones resulta complejo resolver qué concreta norma aplicar en la preparación de unos pliegos, o en el asesoramiento a una empresa que debe presentar una oferta en un procedimiento de licitación.
Y si todo fuera eso… Pero es que tenemos nuevas leyes siamesas de procedimiento y régimen jurídico –con las que tratamos de familiarizarnos, hasta que entren en vigor-, nuevo texto refundido de la ley del suelo y rehabilitación urbana, estrenamos un texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, o modificaciones que pese a no estar vinculadas estrictamente con el derecho público, afectan a la práctica de nuestra especialidad, como la modificación de la LEC por la Ley 42/2015, de 5 de octubre, que también introduce cambios en el Código Civil.
Ahora, lo que nos queda es operar con todas estas novedades. A raíz de su aplicación se suscitarán no pocas dudas sobre la interpretación de determinadas instituciones jurídicas, y surgirán debates interesantísimos al respecto.
Esta ventanita que abro hoy pretende ser un lugar en el que dejar anotadas las novedades normativas, cómo las aplicamos e, incluso, si queréis poder debatir sobre determinadas cuestiones que apuntaremos.
Eva Velasco